Tamaño que debe tener una muestra de DATOS para hacer ESTIMACIONES con la media Aritmética

NTS 04 Código de Conducta del Valuador Colombiano

Video, "El Pesebre de GERMÁN" Jaramillo - Tasador de Armenia... más de 120 Figuras a escala

Hola a Todos.

Quiero desear a ustedes una muy Feliz Navidad y un Excelente 2016

Pero por sobre todo, quiero compartir con todos, una CRÓNICA sobre “El pesebre de Germán”, que le realizaron a un amigo, y colega (Ingeniero Civil  y Tasador), de Armenia, (Quindío), que en la actualidad adelanta la Especialización de Valoración mediante el acuerdo, Lonja de Medellín – UPV, debido a su especial sensibilidad NAVIDEÑA, con un majestuoso Pesebre.

En realidad, es un pesebre DIGNO de mostrar a nuestros hijos, nietos y familiares.

Un Abrazo Fraternal para Todos

Ver... El Pesebre de GERMÁN"

Corte tumba tope para “EXPROPIAR” predios en proyectos viales

Corte tumba tope para “EXPROPIAR” predios en proyectos viales 

Jueves 17 de Diciembre 2015

Lo dije Hace un año. Lo grité, ¡… eso es Bulling! (un grotesco MATONEO a los propietarios de predios), cuando el “aspirante a la presidencia”, con aires de “majestad” y con ínfulas de suficiencia y superioridad, pregonaba con arrogancia, a los cuatro vientos e incluso en nuestro congreso anual de FEDELONJAS (en la ciudad de Medellín 2014), la promulgación de “su alabada” Ley 1742 del 2014 conocida como la Ley de “Infraestructura” (modificatoria de la Ley 1682 del 2013), con la que según él, se acababan los problemas de la Gestión Predial en las grandes autopistas de la cuarta generación (más conocidas como “Las 4G”).

Me molestó sobre manera, el silencio cómplice de muchos tasadores colombianos, (por ignorancia de lo que allí se pretendía realizar, o por su “genuflexión” ante los mayores contratantes de servicios profesionales de los últimos años en Colombia), cuando se proclamaba la imposición de una Ley totalmente inconstitucional, en la que se pretendían imponer criterios cuasi “Dictatoriales” para obligar a los propietarios de los predios a ceder ante las ofertas groseramente desconocedoras de los “Derechos” a la propiedad y a la justa indemnización, previstos en nuestra constitución de 1991 (Artículo 58), por las afectaciones y daños causados al requerir “en parte” o “en su totalidad”, los predios por los cuales atravesarán para su ejecución, las grandes obras de infraestructura de Colombia en los próximos años.

En aquel momento, ante un foro de novecientos profesionales participantes de todo el país, y actores de primera línea en la Gestión Predial (adquisición forzada), de los grandes proyectos de infraestructura que adelanta nuestro país, sentí con indignación que aquella afirmación del hoy Vicepresidente-Candidato, era ni más ni menos, la mayor barbaridad JURÍDICA que había escuchado de cualquier representante del estado, en su afán de encontrar un culpable, ante  las numerosas acusaciones de improvisación y falta de cumplimiento de los cronogramas de ejecución de obras de las 4G.

Recientemente, en nuestra celebración del “día del Inmobiliario”, (noviembre de 2015), en Medellín, se invitó a una de las charlas a un expositor, que de manera muy profesional y debo reconocer que mucho más cordial que sus contratantes de servicios profesionales (La ANI, el IGAC y otras instituciones del estado a quienes confesó públicamente en la charla, presta sus asesorías), nos recitó las supuestas bondades de la mencionada Ley, ante las cuales en compañía del Dr. Francisco Ochoa Ochoa, logramos exponer a los asistentes nuestras opiniones y oposición totalmente argumentada, a los atropellos constitucionales que veíamos en la aplicación de la Ley.

Una semana después, en la Ciudad de Cali, ante más de 400 Colegas de FEDELONJAS, nuevamente se invitó al mismo expositor, y ya no supimos si por coincidencia, o por temor a contrariar a los grandes contratantes de servicios profesionales de valoración de nuestras LONJAS,  se omitió la invitación en el mismo evento, a exponer o a presentar en alguna charla similar, las acusaciones de inconstitucionalidad a la Ley (que no son nuevas), de varios “Tasadores Litigantes” Colombianos (como jocosamente se nos ha calificado),  tales como el Dr. Carrero Ibáñez, o el Dr. Francisco Ochoa Ochoa, y con quienes coincido en muchas de las discrepancias con la Ley de infraestructura, razón por la cual, me vi obligado nuevamente a intervenir y expresar mis múltiples desacuerdos con lo que decía el expositor, sin que me fuera concedida la palabra (pues hasta en el control de preguntas estábamos limitados los asistentes), so pena de ser consideradas inoportunas e  IMPERTINENTES, pero que quienes me conocen, saben que me era imposible, dejar que todos los allí presentes, nos “Tragáramos tantos SAPOS” juntos.

La verdad, es que esos proyectos de infraestructura, en lo que respecta a los cargos Directivos de las instituciones que controlan esas contrataciones o las “Carteras ministeriales” para la administración y gerencia de las obras de infraestructura y de vivienda, en Colombia, incongruentemente, son acaparadas por profesionales del Derecho, (allí está el GRAN ERROR)  y no aparecen sino en el nivel operativo (a veces ni siquiera allí), los Profesionales de la Ingeniería o de la Arquitectura, y lo mismo ocurre en la “Gestión Predial” pues no aparecen los Ingenieros, los Arquitectos, los Economistas, los Administradores, etc. profesionalmente formados como Tasadores y con credenciales y formación en Derecho Urbano e Inmobiliario, sino que, oh sorpresa, nuevamente están atesoradas estas funciones por profesionales del Derecho, donde algunos, alcanzan a presentar pergaminos en Derecho administrativo o en Derecho civil (esto en el mejor de los casos, aunque realmente son contados con los dedos de una mano), quienes son en realidad “totalmente ignorantes”,  de los métodos y técnicas de valoración de bienes tangibles e intangibles, de las afectaciones a Daños y Perjuicios de los ciudadanos y del Derecho Urbano e Inmobiliario.  

No busquen más culpables en donde no los hay.

La verdad, la culpa de los abusos, y de la falta de celeridad en la Gestión Predial (entrega anticipada y negociación directa o enajenación voluntaria de predios con los propietarios afectados por obras de interés público), tanto de los operadores de los servicios públicos (Acueductos y Alcantarillados, Energía, Hidrocarburos, etc.),  como de los concesionarios y de las instituciones que controlan los proyectos de infraestructura (Autopistas de las 4G) y de vivienda en el País, es la pésima elección de los profesionales que escogen para liderar estas importantes divisiones o direcciones de Gestión Predial, que recurrentemente realizan los gobernantes nacionales, departamentales y municipales,  pues también ocurre lo mismo, con los valiosos programas de  autofinanciación de ciudades (pero mal implementados y extremadamente prostituidos en su formulación), como La Contribución  por Valorización, La Participación en Plusvalías Urbanas, Los Peajes Urbanos, Las Ventas de Derechos de Construcción, Las Cesiones y Obligaciones urbanísticas, Los Planes Parciales de Desarrollo, etc.

Hoy, siento un enorme alivio, y elevo mi grito de URRRAAAA!, al recibir con beneplácito, este certero y demoledor golpe a una legislación totalmente inconstitucional (en realidad a las Leyes 1682 del 2013 y 1742 del 2014), que de manera aberrante y ARBITRARIA, imponían limitaciones en la estimación indemnizatoria, tales como:

1. Limitación a los periodos de tan solo 6 meses para reconocer el “Lucro Cesante” causado o por causar (aunque las obras y sus afectaciones reiteradamente duran más del doble el triple y hasta más tiempo de afectación).
2. El “Bulling” al propietario, para obligarle a recibir las “miserables ofertas” o a realizar negociaciones bajo condiciones sesgadas e injustas, con  el ente que adelante la Adquisición Forzosa, pues de no hacerlo, solo pretende que se le reconozca el pago del predio de forma previa,  pero teniendo en cuenta tan solo el "avalúo catastral".
3. Además, y no menos violatorio de los derechos constitucionales de los propietarios, resulta la restricción arbitraria de la estimación de la cuantía por el Daño Emergente, al circunscribir su cuantificación, y solo considerar o tomar en cuenta el daño cierto y consolidado, pues siendo lógico que se deba probar el daño, lo ilógico es que se desconozca la muy cierta afectación y “daño emergente FUTURO”, plena y probadamente  imputable a la afectación por EXPROPIACIÓN (lo cual también se considera en el Código general del Proceso” de 2012),  y en la que se genera un Daño Emergente Futuro, (que aún no ha ocurrido, es decir, no es consolidado),  tal como las afectaciones al Valor del Predio Remanente, típicamente causados en los procesos expropiatorios y de servidumbres legales. 

A continuación pueden leer el texto de la Noticia en el siguiente Link:

Corte Constitucional de Colombia tumba "tope indemnizatorio" para expropiar predios en proyectos viales

La Ley de Infraestructura tramitada en el Congreso para ponerle el acelerador a grandes obras viales en Colombia acaba de tener un traspié en la Corte Constitucional.

La Corte tumbó el tope a las indemnizaciones que impuso la Ley para la expropiación de bienes productivos.

Dicha norma buscaba agilizar y evitar sobre costos, sin embargo, la corte indicó que ello puede ser una barrera para una indemnización justa.

La norma estableció que las indemnizaciones por expropiación se calcularan según los rendimientos reales del inmueble y teniendo como tope los seis meses siguientes a la apropiación.

Sin embargo, la Corte considera que esta medida puede impedir que las autoridades cancelen una indemnización justa a los propietarios y que se desconozcan los derechos de las personas.

La indemnización, dice la Corte, tiene una función reparatoria, de modo que incluye el precio del inmueble, el daño emergente y el lucro cesante. De manera, que la Ley no puede estandarizar e imponer unos topes de la indemnización para todos los casos.

Lo que buscaba frenar el Gobierno, por ejemplo, eran casos como el del Parador de Buga necesario para poder continuar con la construcción malla vial del Valle del Cauca; su avalúo comercial era de 2.000 millones de pesos y terminó costando más de 16.000. 

Según el Gobierno, inconvenientes de este tipo existen en cada proyecto vial que se adelanta en Colombia. 

Los demandantes de varios artículos de la Ley fueron los abogados Paul Lehoucq Montoya y Martha Liliana Jaimes Arias, quienes además pidieron declarar inexequible otro artículo que estipula que la notificación de la expropiación se realizará ante el titular del predio o al poseedor inscrito.

“Esta medida desconoce que la posesión es un derecho fundamental que no depende del registro ante la autoridad correspondiente, puesto que la inscripción es indiferente para el nacimiento y la clasificación de la posesión”, indica la demanda.

El documento de demanda advierte que la expresión de poseedor inscrito crea diferencia de trato y una distinción que no tiene justificación, ya que los poseedores inscritos y los no registrados tienen los mismos derechos.

Sin embargo, la Corte mantuvo exequible el artículo 4 de la Ley.

JOHANNA ÁLVAREZ

Noticero CM&

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